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El Gobierno protege la entrada de las entidades bancarias en las inmobiliarias

1/4/2008

Fuente: Expansión

Establece una protección especial para aquellas entidades que canjeen deuda por acciones de empresas en dificultades financieras.

La banca respira hoy más tranquila, al menos en lo que respecta a los futuros concursos de acreedores. El Gobierno publicó ayer el texto definitivo de la reforma de la Ley Concursal, que ha sido valorado de forma positiva por el sector financieros y por sus asesores legales.

Además de la protección de las refinanciaciones previas al concurso, el Ejecutivo socialista ha accedido a otra de las peticiones claves de bancos y cajas respecto a la reforma: la defensa de sus créditos cuando pasan a ser accionistas de más del 5% del capital de una empresa que han financiado y no puede hacer frente a sus deudas.

Por efecto de la crisis, entidades como Santander, La Caixa, BBVA o Popular, entre otros, han tenido que canjear deuda con algunas de las grandes inmobiliarias del país por acciones.

No obstante, estas operaciones no estaban exentas de riesgo: si estas compañías caían en insolvencia, las entidades-accionistas sufrían una degradación en el cobro de sus créditos por su condición de socios. La banca ha conseguido darle la vuelta a este aspecto de la ley. Con la reforma, esta degradación sólo se produce si las entidades son ya accionistas en el momento en el que conceden sus créditos, y no después.

El nuevo texto excluye los procesos de renegociación de deuda de las acciones previas al concurso que el juez puede anular en el trámite judicial. Es decir, si con la antigua ley estas renegociaciones podían ser rescindidas si se habían realizado en los dos años anteriores a la insolvencia por perjudicar a la masa crediticia, ahora estarán protegidas y no podrán ser anuladas ni las entidades perderán las garantías asumidas en estas refinanciaciones. Según los expertos jurídicos consultados, ambos cambios redundarán en una mayor disposición de la banca a facilitar financiación a empresas en crisis.

El propio ministro de Economía, Pedro Solbes, ha reconocido que la anterior norma establecía una “excesiva rigidez” en una coyuntura macroeconómica como la actual. La patronal de los bancos (AEB) hace una valoración global de la ley “positiva”, fundamentalmente por la protección de las refinanciaciones y de las entradas en el capital de una compañía.

La reforma producirá una necesaria adaptación de las reestructuraciones ya firmadas a los nuevos requisitos que pide la Ley Concursal. Fundamentalmente, que exista un informe técnico de un experto independiente y que el acuerdo esté respaldado por al menos un 60% de los acreedores.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS

Un tercer punto fundamental de la nueva normativa es la ampliación del plazo para solicitar la declaración de concurso. En lugar de dos meses, los administradores de una compañía contarán con un plazo de seis meses para solicitar la suspensión de pagos, período en el cual podrán buscar un convenio anticipado con sus acreedores.

La norma se aplicará a las refinanciación ya realizadas, pero no será retroactiva para empresas que ya estén en concurso. Este hecho dificulta la financiación de empresas que están ya inmersas en la suspensión de pagos, como Martinsa-Fadesa, según fuentes del sector. Fuentes judiciales consideran que la reforma está diseñada para las grandes operaciones y da excesivas garantías a la banca.

UNA REFORMA AD HOC

1. El Ejecutivo elimina la degradación de los créditos de entidades que entren en el capital de compañías en crisis.

2. La norma establece una protección especial a las refinanciaciones preconcursales, la principal demanda de la banca.

3. El plazo para la solicitud de declaración de concurso se amplía de dos a seis meses, con posibilidad de convenio anticipado.

4. Fuentes judiciales consideran que la reforma está enfocada a las grandes operaciones y es muy garantista con la banca.

5. La patronal de los bancos (AEB) valora positivamente los cambios introducidos por el Gobierno en la ley.

6. La reforma no facilitará la financiación de empresas que estén ya inmersas en un concurso, como Martinsa-Fadesa.

 

 

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